{"id":12595,"date":"2017-10-03T13:54:26","date_gmt":"2017-10-03T11:54:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bgdbabogados.com\/contratacion-publica-i-reflexiones-sobre-el-precio-y-la-experiencia-como-criterios-de-valoracion-en-la-seleccion-de-la-mejor-oferta\/"},"modified":"2017-10-03T13:54:26","modified_gmt":"2017-10-03T11:54:26","slug":"contratacion-publica-i-reflexiones-sobre-el-precio-y-la-experiencia-como-criterios-de-valoracion-en-la-seleccion-de-la-mejor-oferta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bgdbabogados.com\/en\/contratacion-publica-i-reflexiones-sobre-el-precio-y-la-experiencia-como-criterios-de-valoracion-en-la-seleccion-de-la-mejor-oferta\/","title":{"rendered":"Contrataci\u00f3n p\u00fablica I. Reflexiones sobre el precio y la experiencia como criterios de valoraci\u00f3n en la selecci\u00f3n de la mejor oferta"},"content":{"rendered":"

Este art\u00edculo no pretende dar respuesta a todas las complejas cuestiones que se suscitan en la problem\u00e1tica derivada de los criterios de adjudicaci\u00f3n que la Administraci\u00f3n P\u00fablica puede utilizar en los pliegos que rigen la contrataci\u00f3n de cualquier licitaci\u00f3n p\u00fablica, sino \u00fanicamente se quieren reflejar algunos aspectos importantes en esta materia que, con frecuencia, son contravenidos por la propia Administraci\u00f3n.<\/p>\n

El art\u00edculo 150 del vigente TRLCSP (Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico) ya establece como premisa que todos los criterios que deban ser utilizados guardar\u00e1n una relaci\u00f3n directa con el objeto del contrato. As\u00ed, enumera una serie de criterios que pueden ser tenidos en cuenta sin que ello suponga un numerus clausus <\/em>para el \u00f3rgano de contrataci\u00f3n.<\/p>\n

Para entender bien lo que a continuaci\u00f3n se va a exponer debemos recordar que en materia de contrataci\u00f3n administrativa rigen principios como el de no discriminaci\u00f3n, el de concurrencia, el de igualdad de oportunidades, el de proporcionalidad, etc.., y todos ellos est\u00e1n encaminados, por un lado, a ofrecer, en la medida de lo posible, a los licitadores las mismas oportunidades y, por otro, a ofrecer a la Administraci\u00f3n los mecanismos adecuados para encontrar la mejor satisfacci\u00f3n a sus necesidades ya que en el fondo est\u00e1 consagrando, por una doble v\u00eda, la satisfacci\u00f3n de un inter\u00e9s p\u00fablico.<\/p>\n

Es usual que antes del procedimiento de licitaci\u00f3n la Administraci\u00f3n ya haya contactado con alguno o algunos de los licitadores para conocer las soluciones t\u00e9cnicas, productos, mejoras, forma de desarrollar la prestaci\u00f3n, etc.., que \u00e9stos pueden ofrecerles. Igualmente se desarrolla una preferencia sobre el licitador id\u00f3neo para realizar la obra, prestar el servicio, gestionar una concesi\u00f3n, etc.. y es ah\u00ed donde en ocasiones la Administraci\u00f3n, confundiendo el \u00e1mbito de su discrecionalidad, vulnera algunos de esos principios generales de contrataci\u00f3n que hemos mencionado y adec\u00faa los criterios de valoraci\u00f3n a sus preferencias de aquellas ofertas de producto, servicios, etc.. que con car\u00e1cter previo al procedimiento de licitaci\u00f3n ya ha identificado como mejores. No se quiere decir que la Administraci\u00f3n act\u00fae de una forma deliberada ni que obtenga nada a cambio, pero entiendo que en ocasiones no tiene en cuenta que su \u00e1mbito de discrecionalidad tiene como l\u00edmite, en cualquier caso, los principios de concurrencia y de igualdad de oportunidades.<\/p>\n

Variados son los criterios de valoraci\u00f3n que pueden ser establecidos en unos pliegos, pero en este art\u00edculo se quieren analizar dos de ellos: el precio y la experiencia. Vaya por delante que el segundo de ellos, utilizado con frecuencia, no lo considero ni siquiera un criterio de valoraci\u00f3n, ya que responder\u00eda m\u00e1s bien a un requisito para acreditar la solvencia t\u00e9cnica, pero con frecuencia la Administraci\u00f3n lo incluye como criterio con la esperanza de ir despejando el camino a aquel licitador que previamente ha identificado y que goza de su bendici\u00f3n.<\/p>\n

EL PRECIO<\/strong>
\nEl precio es el criterio de valoraci\u00f3n m\u00e1s importante de todos los existentes, o por lo menos as\u00ed deber\u00eda ser a tenor de los determinado por el art\u00edculo 150 del TRLCSP, cuando en el inciso 2\u00ba del punto 1\u00ba establece que cuando solo se utilice un criterio de adjudicaci\u00f3n \u00e9ste ha de ser, necesariamente, el del precio m\u00e1s bajo.<\/em><\/p>\n

Lo anterior viene avalado, por ejemplo, viendo la modificaci\u00f3n legislativa operada en relaci\u00f3n con las ofertas anormales o desproporcionadas. Anteriormente la Administraci\u00f3n, ante una oferta desproporcionada (lo que se ha venido conociendo como baja temeraria<\/em>) ten\u00eda la posibilidad de descartar directamente a ese licitador. En la actualidad el legislador obliga a que el \u00d3rgano de contrataci\u00f3n necesariamente d\u00e9 traslado al licitador a fin de que \u00e9ste proceda a justificar esa oferta. Lo anterior acredita la preponderancia del precio como elemento m\u00e1s importante en la identificaci\u00f3n de la oferta m\u00e1s ventajosa.<\/p>\n

De igual forma el hecho de que el punto 3 del mismo art\u00edculo recoja una serie de supuestos en los que proceder\u00e1 la valoraci\u00f3n de criterios adicionales al precio, desarrollando una serie de casos cuyo denominador com\u00fan viene a ser que el \u00d3rgano de contrataci\u00f3n no haya podido definir con precisi\u00f3n el objeto de contrato o, estando el mismo definido, su complejidad aconseje el establecimiento de m\u00e1s de un criterio, avala la importancia de este criterio de valoraci\u00f3n.<\/p>\n

Un \u00faltimo elemento que debemos tener en cuenta en esta materia es el criterio de proporcionalidad establecido por el punto 4 del art\u00edculo 150 del TRLCSP, que obliga al \u00f3rgano de contrataci\u00f3n a la aplicaci\u00f3n de unos baremos l\u00f3gicos de puntuaci\u00f3n cuando existe m\u00e1s de un criterio, en orden a la importancia que \u00e9stos guardan con el objeto del contrato.<\/p>\n

Pues bien, para nuestra sorpresa vemos que cada d\u00eda es m\u00e1s com\u00fan la definici\u00f3n de pliegos con multitud de criterios de valoraci\u00f3n en los que uno m\u00e1s, y normalmente no el de m\u00e1s puntuaci\u00f3n, es el precio, sin que ni siquiera exista una explicaci\u00f3n de cu\u00e1l de los supuestos contemplados en el art\u00edculo 150.3 del TRLCSP justifica la utilizaci\u00f3n de semejante variedad de criterios. Pero de especial gravedad resulta cuando, como sucede con frecuencia, el criterio precio no representa ni un 20 por ciento de la puntuaci\u00f3n resultante de la suma de la totalidad de los criterios.<\/p>\n

Entiendo que todo lo anteriormente expuesto infringe de forma notable lo contemplado en la normativa y debe ser necesariamente corregido mediante una modificaci\u00f3n expresa del art\u00edculo 150 del TRLCSP en la que ya se defina la importancia que deber\u00e1 tener el criterio precio en la b\u00fasqueda de la oferta m\u00e1s ventajosa para el \u00f3rgano de contrataci\u00f3n.<\/p>\n

Algunas Administraciones ya han tomado nota de lo anterior y han optado por corregir, en la medida de sus posibilidades, esta situaci\u00f3n. A t\u00edtulo de ejemplo mencionamos a la Comunidad Aut\u00f3noma de Castilla La Mancha, que en Resoluci\u00f3n de13 de diciembre de 2012, se determinaba que el criterio correspondiente al precio ser\u00eda, como m\u00ednimo, ponderado con un 80 por ciento de los criterios de valoraci\u00f3n.<\/p>\n

LA EXPERIENCIA<\/strong>
\nDe igual forma vemos como tambi\u00e9n es com\u00fan que el \u00f3rgano de contrataci\u00f3n incluya como criterio de valoraci\u00f3n elementos relacionados con la experiencia o determinadas caracter\u00edsticas del licitador, otorg\u00e1ndole puntuaci\u00f3n que a la postre podr\u00e1 resultar definitiva para la selecci\u00f3n del adjudicatario.<\/p>\n

Entendemos que se trata de un criterio que contraviene la normativa en esta materia, ya que, en primer lugar, se aleja de lo prescrito en cuanto a que los criterios de puntuaci\u00f3n deber\u00e1n guardar necesariamente relaci\u00f3n directa con el objeto de la contrataci\u00f3n.<\/p>\n

Por otro lado observamos que lo que se perseguir\u00eda con este criterio es la b\u00fasqueda de que el licitador sea el id\u00f3neo para realizar el objeto del contrato, es decir, se buscar\u00eda contrastar la idoneidad del licitador, no la de su oferta. Pues bien, para ello el TRLCSP ya ha definido un elemento que permite al \u00f3rgano de contrataci\u00f3n determinar esa idoneidad subjetiva: la solvencia t\u00e9cnica. Su art\u00edculo 76 define los medios de acreditar la solvencia t\u00e9cnica, por ejemplo, en los contratos de obras, estableciendo como primero de ellos la relaci\u00f3n de obras que se hayan ejecutado en los \u00faltimo cinco a\u00f1os. Ello es perfectamente explicable; la experiencia debe ser definida como un requisito de solvencia t\u00e9cnica que permita al \u00f3rgano de contrataci\u00f3n asegurarse de que el licitador seleccionado va a ser capaz de ejecutar la obra objeto del contrato, pero una vez acreditado lo anterior, en ning\u00fan caso debe constituir algo valorable que pueda contravenir el principio de concurrencia ni limitar la igualdad de oportunidades que todos los licitadores deber\u00e1n tener.<\/p>\n

En este sentido se ha manifestado la Junta Consultiva de Contrataci\u00f3n Administrativa en su Informe 13\/1998, en el que deja sentado que la experiencia es un requisito que puede justificar la solvencia, pero nunca puede utilizarse con criterio de clasificaci\u00f3n. La propia Intervenci\u00f3n General del Estado, en su Informe 54\/2000, distingue dos actuaciones separadas en el marco del procedimiento de contrataci\u00f3n: en la primera se persigue obtener suficientes garant\u00edas sobre la idoneidad de la empresa, solvencia t\u00e9cnica, y la segunda tiene como finalidad comprobar que la oferta seleccionada es la que va a responder mejor a los intereses de la Administraci\u00f3n.<\/p>\n

La jurisprudencia europea establece que los criterios de adjudicaci\u00f3n deben responder a las caracter\u00edsticas de la prestaci\u00f3n que se va a realizar y que, en definitiva, los criterios de adjudicaci\u00f3n se refieres al \u201cproducto\u201d y no al \u201cproductor\u201d, a las cualidades de la obra, y no a las cualidades del contratista. Sirva como ejemplo la Sentencia de 20 de septiembre de 1988 del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas, en el Asunto 31\/87 (Gebroeder Beentjes B.V contra los Paises Bajos)<\/u>.<\/p>\n

Por \u00faltimo, la Comisi\u00f3n Consultiva de Contrataci\u00f3n P\u00fablica, a petici\u00f3n de la Agencia de la Defensa de Competencia de Andaluc\u00eda, redact\u00f3 su Recomendaci\u00f3n 2\/2010, de 22 de diciembre del mismo a\u00f1o, en el que textualmente su punto 2.2.3.3 configuraba el ep\u00edgrafe \u201cNo establecer la experiencia previa como criterio de adjudicaci\u00f3n<\/em>\u201d.<\/p>\n

Jos\u00e9 Mar\u00eda Pab\u00e1n
\nBGdB<\/em> –<\/em> ABOGADOS<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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