En mis anteriores publicaciones relativas a la Ley de la Vivienda, y especialmente la número 5, comentaba que el aspecto más importante de la misma es el reto de construir un auténtico Parque de Viviendas Públicas ante la carencia de las mismas en España.
Ahora, cuando ni siquiera ha transcurrido un año de la vigencia, ya podemos apreciar los efectos positivos de la misma o, al menos, la intención de algunas administraciones públicas para la creación de ese Parque de Viviendas.
Como ejemplo, hemos podido ver que en Aragón y en algunas otras regiones, ya hay movimientos tanto de las Comunidades Autónomas como de algunos Ayuntamientos para dotar de suelo público que permita construir pisos para alquiler en condiciones asequibles para los ciudadanos más necesitados, jóvenes y familias vulnerables.
Prueba de ello es el anuncio de la Diputación General de Aragón, gobierno autónomo, de recalificar determinados suelos públicos, cambiando su uso para reconvertirlos en zonas residenciales. Esto se produce gracias a las previsiones de la citada Ley de la Vivienda que ahora va a permitir estas recalificaciones. Si las intenciones se convierten en realidad, esto permitirá construir 2000 pisos de titularidad pública para alquiler, en unos casos por la construcción directamente por las administraciones y otros mediante la colaboración público-privada mediante concesiones a muy largo plazo pero siempre manteniendo la propiedad pública.
Este es el aspecto más importante y positivo de la Ley y ojalá podamos comprobar a medio plazo que se ha convertido en realidad pero, para ello, es necesario que los poderes públicos, fueren del signo que fueren, se sensibilicen con el acuciante problema de vivienda que existe en nuestro país.
Joaquín Gimeno del Busto
