El Gobierno dictó una serie de reales decretos ley, con motivo de la pandemia COVID, por los que se suspendieron, en determinados casos, los desahucios de vivienda, de cualquier clase y los lanzamientos pendientes de ejecución. El motivo era favorecer a las personas y familias vulnerables debido a la situación económica y a la falta de viviendas en las que realojar a los posibles desahuciados.

El último decreto tenía que haber terminado el pasado día 31 de diciembre de 2023 pero mediante otro nuevo, el RDL 8/2023, de 8 de diciembre, se ha prorrogado la suspensión, no por 6 meses, como se vino haciendo hasta ahora, sino por un año natural, es decir, durante todo el año 2024.

Este RDL, en su art. 87, modifica el anterior 11/2020 en el sentido que he comentado.

Desde mi perspectiva, exclusivamente jurídica, entiendo que es una decisión gubernamental que conculca el derecho de muchos particulares y sociedades, manteniendo una situación que no debería recaer sobre el ciudadano, es el Estado quien debe asumir y resolver el problema de falta de vivienda para acoger a las personas vulnerables y no rebotarlo a los particulares.

Joaquín Gimeno del Busto